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Cuando subió a la tribuna, la diputada Mónica Robles comenzó hablando enfáticamente de cómo se había violentado la autonomía legislativa con el propósito de dejar abierta la puerta para criminalizar a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo en Veracruz. También advirtió que la “versión oficial”, sería que en ningún momento se estaba penalizando el aborto, y que las causales vigentes serían respetadas. Muchas legisladoras y legisladores, o creyeron la versión oficial, o decidieron que el tema no era de tal importancia como para poner a trabajar la conciencia y que cualquier cosa que les hayan enseñado en el catecismo, era suficiente argumento para votar a favor de una reforma que, sabemos, muchos de ellos (y ellas) no sólo no leyeron, sino que ninguno se tomó la molestia de defender. Desde siempre sabemos que la mayoría de las y los legisladores responden a los intereses de sus partidos, y en este caso a los del poder ejecutivo. ¿Cuándo se darán cuenta que ya no pueden enga

 Aurelio Contreras Moreno El que un gobierno como el de Javier Duarte de Ochoa, que no puede garantizar la integridad física, la seguridad ni el patrimonio de ninguno de los ciudadanos del estado de Veracruz, legisle para proteger el “derecho a la vida desde la concepción”, suena como a una tétrica broma o a un desplante de cinismo colosal. Pero que lo haga de manera “fast track”, en medio de la más grande crisis de seguridad por la que ha atravesado este gobierno –lo que ya es mucho decir–, sólo refleja la desesperación que tienen por librarse de la presión y los señalamientos de la opinión pública sobre su ineptitud para llevar las riendas de la administración estatal y, de paso, granjearse la simpatía de los sectores ultraconservadores ligados a la Iglesia Católica. No bien terminaba de pronunciarse la Arquidiócesis de Xalapa en favor de remover de su cargo al secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita tras la desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca a m

 Aurelio Contreras Moreno La desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca a manos de la policía estatal el pasado 11 de enero es la punta de una terrorífica madeja de corrupción que mantiene horrorizada a buena parte de la sociedad del estado de Veracruz. El que el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, haya admitido que los policías que detuvieron a estos jóvenes por conducir a exceso de velocidad, los habrían entregado al crimen organizado, revela que la descomposición de los cuerpos de seguridad de la entidad es profunda, de una gran magnitud que apenas hasta ahora las autoridades han comenzado a reconocer, más que nada obligadas por la circunstancias y ya en franca espiral de pérdida de poder de la administración estatal. Como se ha documentado en varias entregas anteriores de este espacio, el involucramiento de policías estatales en hechos delictivos durante este sexenio ha sido una constante, que a pesar de estar soportada en múltiples denuncias,

 Aurelio Contreras Moreno La confirmación de la candidatura de Héctor Yunes Landa a la gubernatura bajo las siglas del PRI es, desde cualquier ángulo, el principio del fin de la hegemonía política del grupo de Fidel Herrera Beltrán en Veracruz. Porque gane quien gane las elecciones del próximo 5 de junio, no será un fidelista quien ocupe la gubernatura. El proyecto político diseñado –cual si fuere una maldición– para mantenerse en el poder 30 años en el estado, llegaría a su fin. O al menos aparentemente. El jefe y los herederos de la corriente política más nefasta que ha conocido el estado de Veracruz no piensan quedarse de brazos cruzados. Fracasado el plan de arrebatar la candidatura priista, su alternativa ahora es arrinconar a Yunes Landa. Según trascendió, durante la reunión de este jueves en la sede del Comité Ejecutivo Nacional del PRI con Manlio Fabio Beltrones, de la que salió el “humo blanco” para Héctor Yunes, el diputado federal por San Andrés Tuxtla,