Rúbrica: La corrupción que en Veracruz se solapa
Aurelio Contreras Moreno
“Hoy la ciudadanía demanda conductas más responsables de
todos los entes políticos, un sistema moderno que castigue la corrupción y dé
transparencia en el ejercicio público. Eso es lo que la ciudadanía quiere y lo
que los servidores públicos les debemos a todos los ciudadanos de Veracruz”,
dijo el gobernador Javier Duarte de Ochoa al presentar a los medios su
propuesta de Sistema Estatal Anticorrupción.
Si hubiese que concederle el beneficio de la duda a la
sinceridad de sus palabras y pretensiones, entonces el gobernador Duarte
tendría en este momento una gran oportunidad para demostrar que la lucha contra
la corrupción en Veracruz va en serio.
En la entrega de este espacio del pasado 24 de noviembre,
dimos cuenta de una denuncia interpuesta ante la Procuraduría General de la
República (PGR) por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) apenas el pasado 21 de octubre de 2015 en contra del ex
tesorero de la Secretaría de Finanzas y Planeación y actual diputado federal
del PRI por Cosamaloapan, Antonio Tarek Abdalá Saad, como presunto responsable
de daño patrimonial por mil 580 millones 503 mil 156 pesos provenientes de la
Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del Régimen Estatal de
Protección Social en Salud, el Seguro Popular, de 2013.
Pues bien. Resulta que en lo que va de 2015, la ASF ha
presentado ya otras tres denuncias ante la PGR en contra de varios integrantes
y ex integrantes de la administración del “justiciero” gobernador Javier Duarte
de Ochoa.
El pasado 25 de agosto, la ASF presentó la denuncia
número DGJ/C1/1926/2015 en la que señala que de las auditorías realizadas al
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB) en los ejercicios fiscales
2009 y 2010, se determinaron irregularidades que ascendieron a un monto de dos
mil 326 millones 575 mil 100 pesos. Pero en el oficio número TES/2294/2010, el
entonces tesorero estatal Carlos Aguirre Morales “acreditó el reintegro de los
recursos” a la cuenta bancaria habilitada para ese propósito, lo cual no fue
sino una simulación.
“Del análisis de las circunstancias referidas se
desprende que servidores públicos del Gobierno del Estado de Veracruz
realizaron movimientos bancarios con el fin de simular la solventación de las
irregularidades detectadas por la Auditoría
Superior de la Federación, para luego retirar los recursos a cuentas diferentes
a las específicas para el manejo y administración del FAEB.
“Es decir, se depositaron recursos en las cuentas destino,
únicamente para obtener los documentos comprobatorios de los reintegros y
presentarlos a la Auditoría Superior de la Federación para solventar las
irregularidades determinadas. Hecho lo anterior, se retiraron los recursos
públicos de las cuentas destino, por lo que no se pudo identificar la
aplicación del numerario a los fines y objetivos del Fondo o, en su caso, que
éste haya regresado a la cuenta específica, donde se debieron de haber
ejercido”. Una práctica recurrente de este gobierno, denunciada por la ASF
desde 2014.
El 18 de septiembre de 2015, la ASF presentó la denuncia
número DGJ/C1/2227/2015, en la que se describen operaciones idénticas de
simulación de solventación de irregularidades por 96 millones 789 mil 860 pesos
del programa federal Seguro Popular en los ejercicios fiscales 2009 y 2010. Y en
el Dictamen Técnico DGARFT-B/DH/037/2015 señala como responsables de conductas
ilícitas, por acción u omisión, al ex secretario de Salud Pablo Anaya Rivera;
al ex director del Seguro Popular Leonel Bustos Solís; al ex contralor Iván
López Fernández; al ex secretario de Finanzas y hoy titular de Infraestructura
y Obras Públicas Tomás Ruiz González; al ex subsecretario de Finanzas Antonio
Ferrari Cazarín; y al ex contralor y ex secretario de Finanzas Mauricio Audirac
Murillo.
La más reciente denuncia de la ASF –hasta ahora– es la número
DGJ/C1/2551/2015. Y la causa es la misma: simulación de reintegro de recursos federales, también
del Seguro Popular, pero del ejercicio fiscal 2011, por mil 602 millones 185
mil 792 pesos en perjuicio de la Hacienda Pública Federal.
El Dictamen Técnico DGARFT-B/DH/047/2015 señala como
presuntos responsables del quebranto nuevamente a Pablo Anaya, a Leonel Bustos,
a Tomás Ruiz, a Iván López, así como al ex subsecretario de Finanzas y hoy
secretario de Trabajo Gabriel Deantes Ramos; al ex secretario de Finanzas
Fernando Charleston Hernández; y a Hugo Odón Flores Lira, ex director
administrativo del Seguro Popular en Veracruz.
Ahí están, perfectamente soportados en las denuncias –de las
que este reportero cuenta con una copia– los actos de corrupción que el
gobierno de Veracruz simula combatir, pero que en la realidad, solapa
descaradamente.
Twitter:
@yeyocontreras
Comentarios