Rúbrica: Derechos humanos e indolencia absoluta
Aurelio Contreras Moreno
Como lo adelantamos ayer en este mismo espacio, el
gobernador Javier Duarte de Ochoa no asistió a la reunión que a la que fue
convocado por organizaciones defensoras de derechos humanos y de apoyo a familias de personas desaparecidas en el
estado de Veracruz, donde estuvo presente Araceli Salcedo, la mujer que lo
confrontó hace unas semanas en la ciudad de Orizaba para reclamarle la inacción
de su gobierno en el caso de la desaparición de su hija, Fernanda Rubí Salcedo.
La reunión, como lo mencionamos, fue solamente con
el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto
Campa Cifrián, quien se habría comprometido ante las organizaciones civiles a
hacer comparecer al gobernador veracruzano antes de que concluya el año, lo
cual se antoja casi imposible.
Y es que ésta es una de las muchas muestras
fehacientes de que al mandatario estatal le importa menos que nada la crisis de
derechos humanos que se ha disparado durante su sexenio, y que involucra la
desaparición de cientos de personas a lo largo del territorio estatal, una ola
incontrolable de feminicidios, así como ejecuciones y agresiones de toda
índole, muchas provenientes desde el propio gobierno, en contra de periodistas.
En éstos y muchos otros conflictos, el gobierno de
Javier Duarte de Ochoa ha hecho gala de indolencia, llegando al extremo de
negar que existan los problemas y, cuando no le queda más remedio que aceptar
su incidencia, atribuir a las víctimas la culpa de su destino.
El tema de los feminicidios es sintomático. De
acuerdo con la asociación civil Equifonía, tan sólo durante 2015 se han
registrado 93 asesinatos de mujeres por cuestiones de género, de los cuales
ninguno ha sido esclarecido debido a las deficiencias de las investigaciones
ministeriales.
Por esa razón es que durante todo el año diferentes
organismos civiles demandaron a los gobiernos federal y estatal la declaratoria
de una alerta de género en Veracruz, misma que fue y sigue siendo bloqueada
sistemáticamente por la administración de Javier Duarte de Ochoa. El gobernador
dice que no es necesaria, pues las denuncias las “atienden” las instituciones
del estado.
¿Se referirá a las mismas instituciones que no han
movido un dedo para dar con el paradero de Fernanda Rubí Salcedo? ¿O a las que
tras de encararlo valientemente por la inoperancia gubernamental mandaron
infamar a Araceli Salcedo y a su hija con libelos publicados en pasquines de
cuarta?
Si hay una institución del estado que debería estar
preocupada porque se diera inmediata atención al tema de las desapariciones y
los asesinatos de mujeres en Veracruz, ésa es el Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Sin embargo, su presidenta, Karime
Macías Tubilla, se ha desentendido de la labor social que le correspondería en
ese encargo para en su lugar convertirse en “predicadora” de los “peligros” de
las redes sociales para las familias “bien” del estado de Veracruz.
Su última respuesta sobre la violencia contra las
mujeres y las demandas de una alerta de género para la entidad es reveladora:
“es un tema que no me corresponde decidir”.
Y con eso, resumió todo el sexenio de su marido.
Twitter: @yeyocontreras
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