México, país corrupto
Sanjuana Martínez
julio 15 de 2013
¿Quiénes
son los mayores corruptores de México?… Los partidos políticos, los
legisladores, el Poder Judicial y los servidores públicos. En este país, todas
las licitaciones del Estado están sometidas a la corrupción del Gobernador en
turno y sus funcionarios. La corrupción, ese mal endémico de México, se
extiende como un cáncer por todo el país. Desde el nivel más alto al más bajo,
está presente en todas las oficinas gubernamentales, judiciales, policiales.
Para que exista, la corrupción necesita un corruptor y un corrompido. No sólo
es corrupto quien exige una componenda a cambio de un servicio, sino quien está
dispuesto a participar en esa transacción que a veces es clandestina; otras
más, descaradamente visible. Corrompe el agente de tránsito que pide mordida,
pero también el que le paga para evitar una multa; corrompe el líder sindical
para no dar aumento a los trabajadores, pero también el empresario charro que
está dispuesto a darle eso que por ley le corresponde a sus obreros; corrompe
el funcionario público que exige un 15 por ciento de comisión a cambio del
contrato gubernamental, pero también el empresario que prefiere pagar cualquier
precio a cambio de tener un jugoso contrato del Estado; corrompe el funcionario
menor para acelerar un trámite, pero también quien paga para no esperar el
tiempo reglamentario; corrompe el gobierno que está dispuesto a silenciar a la
prensa, pero también el periodista que acepta componendas a cambio de vender su
pluma…
El
último Barómetro de la Corrupción Global 2013 realizado por Transparencia
Internacional (TI) resulta vergonzoso porque coloca a México en el segundo
lugar mundial de corrupción; el primero lo tiene Argentina y el tercero
Venezuela. En este tremendo segundo lugar, la encuesta del TI es reveladora: el
91 por ciento de los mexicanos consideró que los partidos políticos están
sumidos en la corrupción, seguidos por un 90 por ciento que piensa lo mismo de
las policías y un 87 por ciento de los funcionarios públicos. Luego le sigue el
Poder Legislativo y el Judicial con un 83 y 80 por ciento respectivamente.
Revelador
resulta encontrar que entre los entes peor valorados en cuanto a honestidad
están los medios de comunicación. Los mexicanos consideran muy corrupta a la
prensa con el 55 por ciento, algo digno de analizar por los periodistas. Los
multimillonarios contratos gubernamentales de la llamada “publicidad”
entregados a manos llenas a los medios de comunicación se perciben también como
métodos que se prestan a la corrupción. ¿Hasta dónde este dinero es para pagar
publicidad y no para pagar silencios o propaganda?
El
Barómetro Global de la Corrupción elaborado por Transparencia Internacional
tiene las respuestas de 114.270 personas en 107 países y destaca el hecho de
que los mexicanos considera a los “hombres de negocios” muy corruptos con el 51
por ciento. Esta es la única encuesta mundial de opinión pública que releva las
perspectivas y experiencias relacionadas con la corrupción y el 52 por ciento
de los mexicanos considere que en los dos últimos años la corrupción ha
aumentado considerablemente y más aún, que un 79 por ciento crea que es un
problema muy serio que afecta al país. Pero esto no parece importarle a
nuestros legisladores quienes tienen detenida desde hace nueve meses la
creación de una Comisión Anticorrupción que no ha obtenido el consenso
suficiente para su aprobación.
Enrique
Peña Nieto, como Presidente electo, propuso la creación de esta comisión que en
el fondo es pura simulación, ya que no podrá emprender acciones penales contra
los funcionarios corruptos, sólo administrativas. Peor aún, el Ejecutivo quiere
que la comisión dependa de la Procuraduría General de la República (PGR) algo
que evidentemente coarta su esquema de acción.
Es
necesario dividir el monopolio de la acción penal. Ya sabemos en qué
condiciones se encuentra el corrupto Ministerio Público y para ello se requiere
una reformar de todo el sistema constitucional. ¿Estará dispuesto a crear una
verdadera Fiscalía Anticorrupción el gobierno de Peña Nieto para sancionar a
los propios priístas corruptos de su gobierno? Lo dudo. ¿Quién sería el titular
de esta fiscalía? Seguramente alguien propuesto por el gobierno, pero ratificado
por el Senado, cuando en realidad debería ser nombrado directamente por el
Senado sin el dedazo del Presidente en turno. ¿Aceptará el PRI de Peña Nieto
que la Comisión Anticorrupción esté dividida en tres estamentos con facultades
de investigación y persecución de servidores públicos e incluso particulares
como los empresarios contratistas que incurran en actividades ilegales como la
entrega de sobornos en los tres niveles de gobierno? Difícil de creer que será
el propio PRI, con su larga historia de corrupción, el que esté dispuesto a
poner candados y sanciones penales a sus funcionarios, políticos, legisladores,
senadores, jueces, ministerios, policías y demás integrantes del Estado. ¿Y
cuál será el lema del “nuevo” PRI?… ¿“Di no a la corrupción o la corrupción
somos todos”… frase emanada de los excesos y las malversaciones del gobierno de
José López Portillo que aún perdura en las filas y los gobiernos del tricolor?…
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