Rúbrica: El “legado” del horror
Aurelio Contreras Moreno
La desaparición de cinco jóvenes en Tierra Blanca a manos
de la policía estatal el pasado 11 de enero es la punta de una terrorífica
madeja de corrupción que mantiene horrorizada a buena parte de la sociedad del
estado de Veracruz.
El que el fiscal general del
estado, Luis Ángel Bravo Contreras, haya admitido que los policías que
detuvieron a estos jóvenes por conducir a exceso de velocidad, los habrían entregado
al crimen organizado, revela que la descomposición de los cuerpos de seguridad
de la entidad es profunda, de una gran magnitud que apenas hasta ahora las
autoridades han comenzado a reconocer, más que nada obligadas por la
circunstancias y ya en franca espiral de pérdida de poder de la administración
estatal.
Como se ha documentado en
varias entregas anteriores de este espacio, el involucramiento de policías
estatales en hechos delictivos durante este sexenio ha sido una constante, que
a pesar de estar soportada en múltiples denuncias, nunca ha sido admitida por
las autoridades.
Pero desde el plagio y
homicidio del cantante Gibrán Martiz hasta la represión violenta de disidentes,
activistas, pensionados y periodistas por parte de policías, en abierto o
encubiertos, la actuación de los cuerpos de seguridad del estado ha sido
deplorable, criminal, totalmente alejada de los preceptos de proteger y servir
a la población.
En ese sentido, la
multimillonaria inversión que ha realizado el gobierno de Javier Duarte de
Ochoa durante el sexenio en materia de seguridad ha sido un absoluto
desperdicio, pues la supuesta profesionalización de los cuerpos policiacos es
un rotundo fracaso. Y el principal responsable de ello, junto con el
gobernador, es el inamovible secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez
Zurita.
Para ambas autoridades, la
generalización de la inseguridad y la violencia delincuencial por todo el
territorio veracruzano no son un problema. Apenas hace unas semanas, durante su
comparecencia para la glosa del quinto informe de gobierno, Arturo Bermúdez se
ufanaba de haber “reducido” los índices delictivos en la entidad y de haber
dotado a Veracruz de una “policía confiable”.
Tan confiable, que apenas en
noviembre pasado se dio a conocer que tres mil 937 elementos policiacos
reprobaron sus exámenes de control y confianza, por lo cual fueron dados de
baja de las corporaciones a las que pertenecían. ¿Y sabe a dónde fueron a parar
para “prestar sus servicios” los policías despedidos? Exacto, con los grupos
delincuenciales con los que de por sí ya “trabajaban”.
Tan solo este fin de semana se
registraron múltiples hechos violentos en diferentes puntos del estado. Asaltos
a mano armada en autopista en la zona Córdoba-Orizaba, homicidios en Xalapa,
“levantones” en la zona sur. Todo en medio de la impunidad por todos padecida
en este sexenio que marcha lentamente hacia su final, en una dolorosa agonía
para un estado herido.
La inseguridad y la
incapacidad –cuando no abierta complicidad– de las autoridades estatales para
hacerle frente ha provocado que Veracruz se encuentre, sin temor a exagerar, en
medio de una emergencia que no se va resolver a menos que se tomen las medidas
pertinentes, que deberían comenzar por la remoción de Arturo Bermúdez como
titular de la Secretaría de Seguridad Pública, pero que indudablemente deben ser
más profundas, hasta llegar a la raíz de un problema endémico.
En octubre de 2014, al poner
en funciones a la Fuerza Civil de Veracruz, el gobernador Javier Duarte de
Ochoa declaró que “la seguridad será el mayor legado de mi gobierno”.
Y sin duda lo será. Pero en un
sentido totalmente inverso al del triunfalismo de esos días.
Twitter: @yeyocontreras
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