Rúbrica: Nuevas denuncias, delitos reiterados
Aurelio Contreras Moreno
Durante su comparecencia ante los diputados de la LXIII
Legislatura del Estado, el contralor Ricardo García Guzmán reconoció
tácitamente el desorden financiero que ha caracterizado a la administración de
Javier Duarte de Ochoa.
Admitió que la Auditoría
Superior de la Federación (ASF) observó irregularidades en la Cuenta Pública de
2013 en el estado de Veracruz por 11 mil 100 millones de pesos, de los cuales,
el gobierno estatal ha solventado –según él– cinco mil 300 millones.
Pero adelantó que del resto,
tres mil 600 millones de pesos no podrán solventarse, por lo que ese dinero
tendrá que ser reintegrado a la Tesorería de la Federación. Y como alguien
tenía que cargar con la culpa, dejó toda la responsabilidad sobre las espaldas
del ex contralor y ex secretario de Finanzas de la administración duartista
Mauricio Audirac Murillo, de quien informó que fue inhabilitado para ocupar
cargos públicos durante diez años y a quien se le aplicará una sanción
pecuniaria por 29 millones 383 mil pesos.
Según García Guzmán, debido a
la “negligencia” y “omisión” de Audirac, la Auditoría Superior de la Federación
presentó las conocidas denuncias de noviembre de 2014, que ya “fueron
aclaradas”. Claro, luego de que de manera irregular la Procuraduría General de
la República (PGR) las remitió a la Fiscalía General del Estado para que esa
instancia determinara la procedencia de los delitos denunciados. Por supuesto,
el fiscal Luis Ángel Bravo “no encontró” delitos qué perseguir.
Es el caso de la denuncia
número DGC/C1/2552/2015 presentada ante la PGR apenas el pasado 21 de octubre
de 2015 por el director general Jurídico de la ASF, Óscar René Martínez
Hernández, en la que se señala que el gobierno de Javier Duarte de Ochoa “dejó
de ministrar recursos públicos por un monto de mil 580 millones 503 mil 156
pesos provenientes de la Cuota Social y la Aportación Solidaria Federal del
Régimen Estatal de Protección Social en Salud (el Seguro Popular) de 2013”.
“Por lo anterior, el Gobierno
del Estado de Veracruz incumplió con lo establecido en las disposiciones
jurídicas aplicables (…). Se presume la comisión de hechos probablemente
constitutivos de delito, tipificados en la legislación penal vigente, en
agravio de la Hacienda Pública Federal, toda vez que el servidor público
señalado en el Dictamen Técnico, quien tenía a su cargo fondos públicos correspondientes
al Seguro Popular 2013, a sabiendas de que éstos debían ser destinados
exclusivamente a los objetivos del citado programa y radicados en los órganos
y/o dependencias ejecutoras del gasto, en el tiempo y forma establecido en las
disposiciones jurídicas aplicables, indebidamente, no aplicó el total de las
ministraciones al Régimen de Protección Social en Salud”, establece el texto de
la querella de la ASF, de la que este reportero cuenta con una copia.
El Dictamen Técnico DGARFT
“B”/052/2015, al que se alude en la denuncia, señala como presunto responsable
del daño patrimonial a “Antonio Tarek Abdala Saad –flamante diputado federal
del PRI por Cosamaloapan–, quien se desempeñó como tesorero general de la
Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno del Estado de Veracruz”. La
fecha en la que se detectaron las irregularidades es el 31 de marzo de 2014.
Además de esta denuncia, hay
otras dos presentadas en 2015, una el 25 de agosto, la número DGJ/C1/1926/2015,
por un daño patrimonial de dos mil 453 millones 529 mil 907.85 pesos en el
Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB); y la número
DGJ/C1/2227/2015, del 18 de septiembre, por otro desvío en el Seguro Popular,
éste por 98 millones 789 mil 860.43 pesos.
Como resulta evidente, los
delitos y el modus operandi para cometerlos es el mismo de los denunciados por
la ASF en 2014. Sólo que para evitar una nueva trastada de la PGR, en las
denuncias se deja en claro que “el conocimiento de la presente denuncia
corresponde a la Representación Social Federal, toda vez que los recursos
provenientes del Seguro Popular 2013 nunca pierden su carácter de federal,
cuestión que ha sido plenamente determinada por nuestro más alto tribunal,
mediante criterios de jurisprudencia que de manera reiterada han sostenido que las aportaciones
federales, si bien son recursos que ingresan a la Hacienda Pública Estatal, no
quedan comprendidos en el régimen de libre administración hacendaria”.
Así que esta vez, no les van a
regresar las denuncias para que se autoexoneren. Y por lo que se sabe, vienen
más.
Twitter: @yeyocontreras
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