Rúbrica: El terror a los ciudadanos
Aurelio Contreras Moreno
Hace pocos días, el Gobierno del Estado de Veracruz lanzó
una peculiar campaña en medios y a través de los espectaculares que tiene
contratados a lo largo del estado, para “difundir el uso responsable de redes
sociales”.
Desarrollada desde la
plataforma veracruzdigital.gob.mx, creada por el departamento de Comunicación
Digital del gobierno estatal –que encabeza Córsica Ramírez Tubilla, prima de la
presidenta del Dif Karime Macías Tubilla– dicha campaña “alerta” sobre los
“peligros” de la Internet, usando frases como “pienso, luego publico”, “en
Internet, aléjate de las personas tóxicas”, “desconéctate y disfruta”, con la
clara intención de desalentar entre la población el uso de las redes como
vehículo de expresión libre.
Es cierto. Por la red circula
toda clase de mensajes e información que no necesariamente es verdadera o que
incluso se podría considerar como dañina o perjudicial. Y es responsabilidad de
los usuarios el uso que se dé a esta tecnología, como a cualquier otra.
Pero lo que realmente le
preocupa al gobierno de Javier Duarte es que es tal su descrédito e
impopularidad, que antes de que comience el proceso electoral local busca
encontrar la manera de controlar lo que se dice en las redes, así como controla
ya a buena parte de los medios de comunicación tradicionales.
No por nada en sus recientes
reuniones con directivos de medios y reporteros para “celebrar” la libertad de
expresión, Javier Duarte fue muy insistente en el tema del “buen uso” de las
redes sociales y cómo hay que “adaptarse” a lo que representan.
No es la primera vez que el
duartismo ataca a las redes sociales. Es bien recordado cómo al principio de la
administración, el gobierno le inventó el ridículo cargo de “terrorismo” a la
tuitera María de Jesús Bravo Pagola, aguda crítica del régimen, por lo cual hasta
a la cárcel fue a dar.
Tampoco hay que olvidar que en
septiembre de 2011, cuando la violencia se disparaba de manera brutal en la
entidad, el Congreso del Estado aprobó una reforma al Código Penal de Veracruz
conocida como “Ley sobre perturbación del orden público”, aunque popularmente
bautizada como “ley antituiteros”, en la que se castigaba con uno a cuatro años
de prisión y multas de 500 a mil días de salario mínimo, a quienes fueran
acusados de terrorismo, sabotaje y propagación de información falsa desde las
redes.
En 2013, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación declaró inconstitucional la “ley antituiteros” de Javier
Duarte por considerar que era violatoria de los derechos humanos, la libertad
de expresión, el derecho a la información, la legalidad, la seguridad jurídica
y la exacta aplicación de la ley penal.
Pero al parecer el duartismo
no entiende y se empeña en inhibir la libertad de expresión en las redes
sociales, ahora con una costosa campaña a costa del erario, cuando en Veracruz
hay muchísimas otras prioridades, como resarcir el desfalco financiero que
tiene a la entidad en medio de la peor crisis económica de su historia.
En general, la clase política
detesta la libre expresión de las ideas y las críticas a su desempeño público.
Y más aún, la libertad que las redes han dado a los ciudadanos de a pie para
echarles en cara su deshonestidad e incapacidad. No es casualidad que en Sonora
una diputada del Partido Verde pretenda castigar con multas a quien difunda
“memes” que “injurien” a los “pobrecitos” políticos.
Lo que tienen es terror a los
ciudadanos.
Twitter: @yeyocontreras
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